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México un modelo para América Latina con 93.2% de cobertura en políticas públicas de anticoncepción

  • Foto del escritor: Adrián Sotelo | Noticias Apyt
    Adrián Sotelo | Noticias Apyt
  • hace 20 minutos
  • 4 Min. de lectura
  • En el marco del Foro “Diálogos por la Anticoncepción y Planificación Familiar”, expertas y expertos nacionales e internacionales analizaron los avances y retos en políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

  • Se presenta en el país la segunda edición del Atlas 2025, que evalúa políticas públicas en marco legislativo, acceso y financiamiento en temas de anticoncepción y planificación familiar.

  • Mientras México avanza con un marco legal sólido y cobertura amplia, sólo 17 de 33 países de la región cuentan con presupuesto específico para la planificación familiar.


Con el objetivo de avanzar hacia el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, se organizó la segunda edición del Foro Multiactor “Diálogos por la Anticoncepción y Planificación Familiar”, un espacio que convocó a especialistas y representantes en la materia —como el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), ISSSTE, IMSS, IMSS Bienestar, CONAPO, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, y el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) — para analizar los desafíos actuales, compartir experiencias exitosas y fortalecer políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos son reconocidos como un derecho humano esencial y una inversión estratégica para el desarrollo social y económico de las personas y de los países.

Diálogos

En México, este compromiso se refleja en el marco legal y constitucional que garantiza el acceso gratuito a una amplia gama de anticonceptivos a través del Sistema Nacional de Salud.

Durante el Foro se presentó la actualización del Atlas de Políticas Públicas de Anticoncepción en América Latina y el Caribe 2025, que evalúa nuevamente el desempeño de los países de la región en tres ejes clave: marco legislativo, acceso y financiamiento, ofreciendo estadísticas comparativas y evidencia para el diseño de políticas regionales.


De acuerdo con el Atlas, México alcanza un 93.2% de cobertura y políticas públicas de anticoncepción, situándose entre los países con mejores indicadores de la región, junto con Uruguay (87.6%) y Colombia (84.5%). No obstante, persisten brechas significativas en otras naciones: Haití (29.5%), San Vicente y las Granadinas (18.9%) y Dominica (22.8%) presentan una cobertura mucho más limitada, lo que refleja la urgencia de fortalecer estrategias regionales.


Alanna Armitage, Representante del UNFPA en México, mencionó:

“Celebramos el liderazgo de México, reconocido con el primer lugar en el Atlas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe. Sin embargo, este mismo estudio nos recuerda que no podemos ser complacientes. La sostenibilidad de estos avances está en riesgo si no abordamos las brechas críticas, pues sólo 17 de 33 países garantizan presupuesto para anticonceptivos, y el derecho a decidir aún no es una realidad para todas las mujeres en la región. El acceso a información clara y oportuna sigue siendo una barrera inaceptable”.

Al respecto, Silvia Traina, experta del EPF, subrayó:

“El Atlas muestra avances en la región comparado con la edición previa del mismo, sin embargo nos recuerda que aún quedan presentes vacíos críticos en educación sexual, financiamiento y marcos regulatorios. México puede ser un faro para mostrar cómo la evidencia y la cooperación internacional transforman la realidad de millones de personas”.

Durante el evento se enfatizaron retos clave: garantizar el abasto sostenible, fortalecer la capacitación de personal médico en consejería y anticoncepción, incluyendo la post-evento obstétrico, así como asegurar la continuidad de estrategias como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que busca reducir en 50% la tasa de fecundidad adolescente y erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años hacia 2030.


Además, experiencias como la que se implementa en la Alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, muestran el valor de la participación multiactor que articula a los sectores salud, social, educativo, comunitario y de protección. A través de acciones de información, consejería, acceso a servicios y métodos anticonceptivos modernos, este proyecto— desarrollado con la cooperación del sector público, organismos multilaterales como el UNFPA, la iniciativa privada y organismos de protección de derechos— ha contribuido a reducir la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) en la demarcación, demostrando que la colaboración estratégica genera resultados tangibles.


La Dra. Raffaela Schiavon, Consultora en Salud Sexual y Reproductiva, enfatizó que la clave está en no retroceder:

“Debemos asegurar lo ya logrado, consolidar programas exitosos, como los servicios amigables para adolescentes para prevenir un primer embarazo muy temprano y la anticoncepción post-evento obstétrico para reducir el riesgo de embarazos subsecuentes no intencionado; así como fortalecer la educación sexual integral, para garantizar que cada persona pueda ejercer su derecho a decidir sobre su sexualidad y su proyecto de vida”.

Por su parte, Teresa Ramos, Titular y Directora General del CNEGSSR , afirmó:

“Me congratula que México encabece nuevamente el primer lugar en el Atlas de Anticoncepción de América Latina y el Caribe, continuamos trabajando para cerrar las brechas en poblaciones adolescentes, rurales e indígenas, con servicios de calidad que respondan a la diversidad del país. Esto implica, por un lado, garantizar insumos anticonceptivos suficientes, pero también integrar un enfoque de equidad de género, que elimine estigmas, barreras culturales y prácticas discriminatorias que aún limitan el ejercicio de los derechos reproductivos.”

Con foros como “Diálogos por la Anticoncepción y Planificación Familiar”, el UNFPA reafirma su compromiso de acompañar al gobierno en el diseño e implementación de políticas públicas basadas en evidencia, de fortalecer la equidad y de contribuir a garantizar el derecho de todas las personas a la salud sexual y reproductiva. El objetivo es claro: avanzar hacia  la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de lograr reducir el embarazo no intencionado de cara al 2030.

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