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Expertos alertan del riesgo de no vacunar a personas con factor de riesgo como discapacidad

  • En las jornadas de vacunación no ha habido prioridades ni atenciones especiales para considerar a este grupo poblacional, uno de los más discriminados

  • Expertos consultados del INR y el DIF creen que se debería considerar como prioridad a las personas que tienen algún factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave por covid-19 con independencia de la edad

  • De los 20.8 millones de personas con discapacidad del censo de población 2020 realizado por el Inegi, menos del 10% de ellas recibe un estímulo económico de la Secretaría de Bienestar, de acuerdo con estimaciones realizadas por Ottobock

Desde que iniciaron las campañas de vacunación a nivel mundial a principios de año, varias organizaciones han alzado la voz para reclamar que se considere a las personas con discapacidad (PCD) como un grupo prioritario de las estrategias de inmunización. Sin embargo, los programas de vacunación nacional toman en cuenta como principal criterio la edad.

“Deberían entrar en el primer grupo de prioridad las personas de riesgo como son las que tienen discapacidad y aquellas que presentan enfermedades crónico degenerativas, ya que están más expuestas y sus síntomas pueden ser distintos a una persona que tiene un sistema inmunológico mejor”, alerta Mónica Guadalajara, Gerente de Ventas para México, Centroamérica y Caribe de Ottobock, compañía alemana con más de 100 años de experiencia en la atención a personas con discapacidad.


Recientemente, la Alianza Internacional de Discapacidad, que representa a más de mil millones de personas con discapacidad en todo el mundo, hizo una petición a la Organización Mundial de la Salud para priorizar el acceso de éstas a las vacunas.

“Muchas de las personas con discapacidad son más propensas a tener enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas del corazón o respiratorios. También hay amputados debido al cáncer o porque tienen osteosarcoma que presentan sistemas inmunológicos debilitados”, explica Mónica. Además, la especialista recuerda que cuando una persona utiliza una silla de ruedas o una prótesis, tiene un desgaste superior al cambiar su centro de gravedad, lo que afecta directamente al gasto cardiaco y pulmonar.

“Las personas con cáncer presentan un sistema inmunológico que no está en condiciones óptimas por su enfermedad o por los tratamientos de radio y quimioterapia y sí deberían ser considerados como prioritarias al estar en mayor riesgo” subraya la doctora Paulina Muñoz, médico especialista en rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Paulina trabaja en el servicio de rehabilitación de amputados del INR Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Esta unidad atiende a más de 2 mil pacientes anualmente y la principal causa de amputación es la diabetes (33 por ciento) seguido de causas traumáticas como accidentes viales (41 por ciento) y tumores (casi un 10 por ciento).

Del total de pacientes del centro, 75 por ciento son menores de 60 años y de éstos, más del 30 por ciento presentan comorbilidades como diabetes o hipertensión. “Creo que se debería considerar como prioridad a las personas que tienen algún factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave por covid-19 con independencia de la edad. Además, también es importante considerar a los cuidadores o trabajadores de asilos y no sólo a los trabajadores sanitarios de instituciones públicas”, señala Paulina.

Por su parte, la Doctora Elisa Zamudio, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familia (DIF), organismo que atiende anualmente a más de 76 mil personas con discapacidad a través de sus más de mil 600 unidades de rehabilitación, coincide con Paulina. “Aunque no tengan más de 60 años, en México hay muchos jóvenes amputados de 20, 30 o 40 años que presentan patologías concomitantes como la diabetes o la hipertensión que complican más la covid-19”, explica Elisa.

Pobreza y desigualdad

En el documento rector sobre la política de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, el grupo técnico asesor para la vacuna en México, conformado por expertos externos a la Secretaría de Salud, recomendó también tomar en cuenta criterios como la pobreza y la desigualdad.

En este sentido, de los 20.8 millones de personas con discapacidad del censo de población 2020 realizado por el Inegi, menos del 10% de ellas recibe un estímulo económico de la Secretaría de Bienestar, de acuerdo con estimaciones realizadas por Ottobock y se encuentran entre los grupos más vulnerables.

La Fundación Paralife estima que el 70% de las personas con discapacidad trabaja en la economía informal, por lo cual dependen de sus actividades diarias para generar ingresos y no pueden guardar la cuarentena. “Recordemos que muchos de ellos han pasado a engrosar la lista de desempleo debido a los recortes y los que aún trabajan, están más expuestos al contagio porque sus aparatos (muletas, prótesis, sillas de ruedas) tienen superficies en las que sobrevive el virus”, señala Guadalajara.

En lo que va del sexenio, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha invertido 9.8 millones de pesos en el Programa Pensión para el Bienestar, en el cual están inscritas 805 mil 244 personas, una cifra muy menor si se considera que las PCD representan el 16.5% de la población total nacional de acuerdo con el censo de población 2020 del Inegi.

Un derechohabiente del Programa Pensión para el Bienestar recibe 2 mil 550 pesos bimestrales. Una cantidad ínfima si se tiene en cuenta que el 54% de las PCD vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En México, las PCD constituyen el grupo social más discriminado, de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017 del Inegi. Y aunque la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ha dicho que AMLO es “un gran aliado” de la discapacidad, la realidad es muy distinta. Un análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 indica que las PCD siguen siendo soslayadas de la agenda pública.

Por ejemplo, en el DIF siempre se ha contemplado un programa para la atención a personas con discapacidad; para el siguiente año, ese programa no tiene presupuesto asignado. Tampoco está incluido el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad, que el año pasado recibió un fondo de 400 millones de pesos.

En el sector educativo el asunto se agrava. Para 2021, la SEP no contempla el Programa de Inclusión y Equidad Educativo ni el de Fortalecimiento de Planteles Federales de Educación. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desapareció, también, el presupuesto para el Mecanismo Independiente del Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2020 recibió 17 millones.

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