Condenan omisiones y desinterés de Peña Nieto y Murat Hinojosa tras tragedia por el sismo en comunid
• 2 mil 800 viviendas destruidas en Rachu Gubiña, Oaxaca, México, cuyo apoyo en la reconstrucción es solo una promesa
• La reconstrucción de esa comunidad indígena es de apenas 20% tras el sismo de hace ya más de un año, critican
El terremoto ocurrido a la medianoche del 7 de septiembre de 2017, de 8.2 grados Richter, destruyó el 70% de las viviendas y edificios públicos de Unión Hidalgo, Oaxaca, conocido por los locales como “Ranchu Gubiña”, una población zapoteca, localizada junto a las costas del Istmo de Tehuantepec, de apenas 15 mil habitantes y aproximadamente 4 mil casas; además provocó el fallecimiento de diversas personas. Unión Hidalgo es una de las 4 poblaciones del Istmo más afectadas por el terremoto. Hoy, después de un año, sus habitantes saben que la reconstrucción apenas inició y, pese a los discursos de políticos, ver de pie su patrimonio es incierto.
Según el censo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), 2 mil 811 casas de Ranchu Gubiña fueron afectadas por el sismo, de las cuales el 67% sufrieron pérdida total y el resto sólo parcial. Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de la UNAM, tan sólo en los 15 días posteriores al 7 de septiembre de 2017 se registraron 4 mil 326 réplicas en la región del Golfo de Tehuantepec, siendo Unión Hidalgo el epicentro de varios de los últimos sismos. Al día de hoy, las réplicas se cuentan por decenas de miles y los pobladores temen que ni con la reconstrucción haya vuelta a la normalidad.
En su último informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto señala en su spot sobre “desastres naturales” que “dio atención inmediata a la población afectada, recibieron apoyos, recursos económicos tanto federales como de los estados para la reconstrucción de sus viviendas y toda la asistencia necesaria”, mientras que el Gobernador de Oaxaca y la titular de la SEDATU declararon, a un año de la tragedia, que el gobierno federal y estatal “han cumplido cabalmente”, que empoderaron a los afectados mediante tarjetas del Banco del Ahorro Nacional (BANSEFI) con fondos para la reconstrucción de sus viviendas y que en 4 meses más concluirá la reconstrucción de todas las escuelas dañadas. La experiencia de los unidalguenses, sin embargo, es muy distinta. Más de 100 familias y más de 400 alumnos, patrocinados por el despacho Regalado & Galindo Abogados, han emprendido varias demandas de amparo contra el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, el Secretario de Gobernación, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la SEDATU, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), BANSEFI, entre otros, a fin de hacer real la reconstrucción de la Escuela Secundaria Técnica # 33 “Lázaro Cárdenas” y lograr la normalización de las clases, así como la recuperación de los fondos de las tarjetas de BANSEFI que “arbitrariamente” les quitó el Gobierno Federal y de exigir un censo “real” de los daños en la población.
Detallaron Edgar Martín Regalado, presidente de la Asociación de Padres de la Escuela Secundaria Técnica # 33, y los abogados del despacho Regalado & Galindo, que próximamente el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México emitirá sentencia en el juicio de amparo que promovieron contra las autoridades federales, estatales y municipales por omitir tomar acciones inmediatas, reales y eficaces para que los alumnos regresen a tomar clases y al normal funcionamiento del inmueble de la referida Secundaria, así como para que informen (i) en qué plazo terminarán la reconstrucción de la Escuela, (ii) en qué condiciones materiales, de infraestructura, de seguridad y educativas se reanudarán las clases en la referida Escuela, (iii) cuál es el presupuesto específico designado por esta autoridad para la reconstrucción de esa Escuela, (iv) quiénes son las autoridades involucradas en la reconstrucción de la Secundaria, y (v) cómo se coordinarán las autoridades involucradas en la reconstrucción de la referida Escuela, detallando las acciones y responsabilidades concretas correspondientes a cada una y los plazos para su cumplimiento.
Asimismo, el abogado Edward Martín Regalado adelantó que próximamente el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México emitirá sentencia en el juicio de amparo que promovieron en contra de las autoridades federales por congelar y retirar ilegalmente los fondos que habían entregado a través de las tarjetas de BANSEFI para la reconstrucción de las viviendas en Ranchu Gubiña, además de exigir que se les informe qué autoridad dio esa instrucción y a qué cuenta bancaria se enviaron los dineros de las tarjetas de los afectados que el gobierno retiró arbitrariamente.
Como mensaje final, los representantes de los afectados destacaron que buscan recomponer su pueblo no sólo reedificando sus viviendas, sino también reconstruyendo la manera de hacer que el gobierno haga su trabajo. “Hay que educar al gobierno para que no sólo responda ante marchas y bloqueos carreteros, sino principalmente ante la ley y los tribunales. Que se sepa que el gobierno que da y quita con la justicia se desquita”. Se trata de hacer justiciables los derechos humanos de la población indígena afectada y el interés superior de los menores. Señalaron también que no hay claridad sobre qué autoridad es responsable de la construcción y cuáles son los plazos para ello, por lo que la transparencia e información del gobierno es el punto de partida.
